sobre “justicias” y “servicios” insensibles

Ayer, muchas personas en Puerto Rico se estremecieron con la historia de Marianette, quien con hematomas y traumas en el cuerpo prestó testimonio en una vista de Regla 6 a los efectos de que quien le propició esas lesiones fue su pareja. Aunque la policía que intervino no notificó a la Unidad de Violencia Doméstica para que asumiera jurisdicción en la investigación y le dijeron a Marianette que debía ir al cuartel a presentar la denuncia, el caso se llevó ante la jueza Anselma Cabrera, del Tribunal de Aguada, quien no encontró causa contra el compañero de Marianette, quien de paso es abogado. Lo que ha sorprendido a mucha gente es las deficiencias evidentes en el procesamiento de un caso que trata de una violencia tan gráfica. Acá la noticia.

En un caso, quizás menos obvio, en el 2011, un juez de la Audiencia Nacional de Murcia, España, dictó una sentencia en la que afirma que “llamar “zorra” a su expareja no es delito, ni falta, ni nada, porque quien usa ese adjetivo en realidad lo que quiere decir es que dicha mujer es astuta y sagaz.” El caso era de violencia doméstica y junto a halagarla de zorra, le dijo que el hijo que tienen en común la vería en una caja de pino (ataúd). La Audiencia redujo la sentencia porque consideró que no estaba el componente de género, ya que la expresión “zorra” puede utilizarse con varias acepcipnes y no necesariamente proyecta un desprecio hacia la mujer. Quizás valga destacar que el acusado tenía antecedentes por condenas similares de malos tratos. Esta noticia me la recordó hoy una amiga al compartir en facebook una carta-amparo al juez por un altercado con un vecino en el que se habían intercambiado insultos o halagos. Acá la noticia sobre los hechos originales.

Entretanto, anoche tuve la oportunidad de ir a una charla sobre Asilo en Reino Unido, con énfasis en las personas LGB. Los panelistas eran Bisi Alimi, un nigeriano activista de derechos humanos que en el 2004 se convirtió en el primer nigeriano en declarar públicalmente su sexualidad en televisión nacional. Luego de amenazas de muerte y un intento de asesinato, solicitó asilo en el Reino Unido, el cual le fue concedido en el 2008. El otro panelista era Paul Dillane, un investigador sobre el tema para Amnistía Internacional, quien también trabajó por un tiempo como abogado de inmigración, específicamente casos de refugiados. Ambos compartieron sus experiencias sobre estos procesos, comentaron algunas dificultades técnicas y otros aspectos sociales de vivir como refugiado lejos de casa mientras se sufre exclusión de  la comunidad de paisanos que viven en tu nuevo país de residencia por el mero hecho de ser LGB. Me llamó la atención particularmente que como parte del proceso de solicitud, los oficiales del gobierno le piden a quien solicita que “pruebe” que es una persona LGB que teme por su vida. Con este objetivo en mente, muchas veces les piden que detallen hechos de su vida sexual con su pareja.

Lo que me hace relacionar este conversatorio con los dos casos de violencia doméstica mencionados, es el problema de lo que se ha venido conociendo como la cultura de incredulidad por parte de oficiales del servicio público. Comentaba Paul que una persona que solicita asilo se expone a que le digan “tú mientes, no eres gay, no eres lesbiana, no has sido violada/o, no te han perseguido, al psicólogo lo engañaste, el reporte médico no es lo suficientemente bueno”. Un ejemplo específico fue muy ilustrativo, pues indicó que, en el 2011, un juez le negó la solicitud de asilo a una clienta luego de declarar “tú no puedes ser lesbiana porque la homosexualidad está prohibida en tu país y no puede ser que hayas estado sexualmente con una mujer porque una persona no haría esa conducta si está prohibida en su país”. Este razonamiento como mínimo provoca levantar la ceja o mirar con cara de signo de interrogación. Aseverar que algo no ocurrió porque está prohibido es querer negar un hecho a base de un precepto, simplemente no tiene sentido.

Sucede que el Reino Unido es un país en que, como norma, importan los derechos humanos y se hacen esfuerzos para protegerlos. Se ha pasado legislación, se han preparado guías de buenas prácticas y se provee capacitación para oficiales del servicio público, jueces y juezas, etc. Todo esto, en gran medida, gracias al intercambio que tienen con ONG’s que trabajan temas de derechos humanos, como es el caso de Amnistía Internacional quien provee reportes sobre la situación en los países donde viven las personas LGB que solicitan asilo. No me cabe duda que el movimiento feminista en España ha impulsado o colaborado de alguna forma con la institucionalización de medidas sobre cómo atender casos de violencia doméstica, cuál es la realidad socio-cultural y cuáles son las prácticas más adecuadas para respetar la dignidad de la persona que solicita “justicia” para la situación que vive. Es lo mismo que solicitaba Marianette al presentar su denuncia, salir del silencio del maltrato y sentarse a testificar. Sé, por propio conocimiento, que en Puerto Rico también existen iniciativas institucionalizadas para sensibilizar a quienes administran la justicia. Hay leyes, reglamentos, protocolos que proveen unas ciertas guías de cómo manejar casos de esta naturaleza, casos de discriminación extrema a base de género o sexualidad. Estamos en ese camino, pero también me consta que todavía falta mucho por hacer respecto a esta atención formal.

Pero a esa atención formal se suma una capa que es un problema de fondo, substantivo. De poco nos vale tener todas las herramientas para impartir justicia, si luego no se hace, si siempre se halla una justificación o excusa. En ese sentido, actúan igual quien no cree un testimonio de maltrato físico a pesar de ver las lesiones o sus residuos, quien entre varias acepciones define un término como “zorra” sin considerar el contexto en que se pronunció y quien no le cree a una persona que teme por su vida luego de ser amenazado por ser abiertamente gay, cuando esa persona tiene alegadamente la opción de vivir su sexualidad discretamente para evitar la discriminación directa. Estos jueces y juezas obvian el punto mismo de las medidas cautelares y los remedios legales, que tienen a su disposición por las mismas razones socio-culturales que causan que el caso esté ante su consideración en primer lugar: el machismo y la homofobia.  La heteronormatividad y  el patriarcado, entendido como el mantenimiento del género masculino en una relación de superioridad respecto al género femenino, también se recrean en las salas judiciales. Atender esa situación no se logra con explicaciones más “sutiles” sobre malas decisiones o falta de razonabilidad en el análisis. Recurrir a esos discursos es faltarle a la verdad.

La cultura de incredulidad no es consecuencia del debido proceso, de una consideración al peso de la prueba o de un margen de apreciación. La evidencia está en que estos casos se tratan diferentes a muchos otros en los que no se está el elemento de género o sexualidad. Ayer Paul nos dio de ejemplo que en los casos que llevaba sobre asilo por persecución religiosa, no se observaba esta incredulidad sobre si la persona católica en país musulmán verdaderamente vivía una vida religiosa en su intimidad. Era muy probable que bastara una carta que afirmara su participación en la comunidad, pero en el caso del gay, una carta similar era insuficiente. La distinción, como mínimo, debe levantar una bandera, o un banderín.

El servicio público y la administración de la justicia tienen un propósito claro que no puede realizarse ignorando los derechos humanos. Las desconsideraciones hacia elementos de género o de sexualidad son muestra de la complejidad del tema. La institucionalización de medidas legales para erradicar la discriminación en todas sus formas es condición necesaria para lograr cualquier cambio. Sin embargo, países con mayor compromiso institucional formal que Puerto Rico, en relación a los derechos humanos nos deja ver que además hace falta movilizar una maquinaria mediática, educativa y de políticas que permeen el ambiente y la socialización. Es imperativo el involucramiento de personas activistas y de muchas más que no lo sean habitualmente en los proceso de política pública. También hace falta ser sensible a la discriminación en el día a día, en nuestras relaciones con conocidos, amistades y familiares. No basta con indignarse en silencio.

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